El Gobierno prorrogó por 60 días, desde el 5 de noviembre de 2026, el estado de emergencia en los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, incluido un radio de 200 metros desde sus límites exteriores. Según nuestro cómputo, el plazo llega hasta el 3 de enero de 2027. La Policía mantiene el control del orden interno con apoyo militar; el INPE conserva la administración y la custodia.
La restricción de las libertades de tránsito, reunión y seguridad personales se aplica «respecto de las personas que ingresen al establecimiento penitenciario o transiten por su perímetro exterior circundante» (artículo 3.1). Los considerandos reconocen que los controles «recaerán, de manera significativa, sobre visitantes», y exigen enfoque de derechos humanos y de género. Las intervenciones pueden incluir control de acceso, inteligencia y operativos para incautar teléfonos, chips y armas blancas.
Para los internos rigen el Código de Ejecución Penal y su reglamento. Las medidas «no afectan el contenido esencial de los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso de la población penitenciaria» (artículo 3.3). Los considerandos citan hacinamiento crítico de 156 %.
¿Qué significa para ti? Si visitas a un interno o trabajas cerca de estos penales, prevé controles de identidad y acceso. Si eres abogado, lleva tu documentación: la defensa y el debido proceso de los internos siguen protegidos.
Fuente oficial: D.S. N.º 148-2026-PCM, Diario Oficial El Peruano, Normas Legales, 03/11/2026, pp. 10-13.
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